ONG ambientales expresan preocupación por la reserva de la Biosfera Seaflower ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

En la sesión de trabajo participaron la Organización Alisos – Alianzas para la   sostenibilidad, Fundación Gaia Amazonas, World Wildlife Fundation WWF, Fundación Prosierra Nevada de Santa Marta, Fundación Omacha, Fundación Natura, Conservación Internacional y Mar Viva.

Tal como lo ha dicho el ministro Juan Gabriel Uribe, la reserva de la Biósfera, con una extensión de más de 75 millones de ha, protegida por la UNESCO desde el año 2000, es un sitio clave para la biodiversidad. Allí se protegen no sólo los ecosistemas naturales, sino la diversidad sociológica y cultural de las comunidades que habitan en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Esta área además ha sido calificada como de especial protección de los ecosistemas y prevención de la erosión costera de toda la región del Caribe, conforme al protocolo de la Convención de Cartagena, llevado a cabo el 23 de octubre, en la que el presidente Juan Manuel Santos prohibió la exploración y explotación de hidrocarburos.

Uribe reiteró que fue un «raponazo» a San Andrés Islas y a Colombia el fallo proferido por la Corte de La Haya, que le reconoce a Nicaragua dos tercios del mar en los cayos Rocador y Quitasueño.

El Archipiélago es un conjunto en su materia ecológica, en su unidad de biodiversidad, y desmembrarlo es un absurdo desde el punto de vista medioambiental y de la riqueza coralina, ha dicho el Ministro de Ambiente.

Para el director de la Fundación Omacha, Fernando Trujillo, «independientemente del problema limítrofe, hay que garantizar el deseo de las comunidades raizales de conservar una de las regiones más importantes del planeta y garantizar que no se fragmente el territorio marítimo, causando un efecto negativo en la unidad ambiental de la zona». En igual sentido, se pronunció Mary Lou Higgins, directora de WWF para la región Amazonas Norte Chocó Darién, quien dijo que «como sociedad civil, nuestro propósito es garantizar que se sigan cumpliendo las decisiones tomadas por el Estado colombiano en acuerdo con la UNESCO, sobre la conservación y el uso sostenible de los recursos marítimos que le dan el valor de reserva a este territorio».

Está comprobado por estudios científicos que el Archipiélago es uno de los lugares más diversos de la región Caribe y una de las áreas de mayor expansión coralina y concentración de especies. El meridiano 82 del territorio entre Colombia y Nicaragua alberga 192 especies que están en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Además, es un sitio de paso de aves migratorias, anidación de aves marinas y paso de tortugas.

Tras la decisión, uno de los sectores más afectados será el de la pesca artesanal e industrial, pues en esta región habita la mayor riqueza de langosta del Caribe. Con el fallo del Tribunal se restringe el acceso de los pescadores sanandresanos y se pone en jaque uno de los programas bandera del Estado colombiano: la pesca sostenible, una iniciativa integral que garantiza el abastecimiento sostenible de langosta en la región.

De la misma manera, se verá afectada la pesca artesanal de pargos, meros, barracudas y atunes que se encuentran también en el área conocida como el Banco Luna Verde, muy cercano al meridiano 82.

En este contexto, es importante recordar que a mediados del año 2011, tres compañías petroleras manifestaron su interés para explorar el sistema marino de la zona en busca de hidrocarburos. Sin embargo, una acción popular interpuesta por la Corporación Autónoma del Archipiélago ante el Tribunal de San Andrés hizo suspender la firma de adjudicación del contrato, mientras las autoridades ambientales se pronunciaron en contra de la viabilidad del proyecto.

Tras la decisión de La Haya, del pasado 19 de noviembre, vuelven los temores de muchos sectores por los prejuicios de la explotación petrolera que podría afectar en ambas partes de la nueva frontera.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ratificó la preocupación de que el Tribunal internacional no haya tenido en cuenta al Archipiélago como unidad de conservación de la biodiversidad, criterio indispensable para su conservación.

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